NUEVA YORK – – Los jefes de las compañías CoreCivic (CXW.N), The GEO Group (GEO.N), Management & Training Corporation (MTC) y LaSalle Corrections, que detienen a inmigrantes por contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), informaron de infecciones entre sus empleados en respuesta a preguntas de legisladores.
ICE ha reportado 45 casos de COVID-19 entre su personal directo en los centros de detención. Sin embargo, la mayoría de los empleados de los centros privados trabajan para contratistas privados y no están incluidos en el recuento de ICE.
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El presidente Trump aboga por encontrar una solución por decreto, ya que duda que pueda alcanzar un acuerdo en el Congreso. El senador republicano Ted Cruz ya ha dicho que ofrecer la ciudadanía de esta forma sería «inconstitucional».
Los legisladores han expresado preocupación por la propagación del virus dentro de los casi 70 centros en todo el país.
Más de 3.000 inmigrantes bajo custodia de ICE han dado positivo por COVID-19, aunque algunos se han recuperado o han sido liberados. Dos detenidos han muerto por la enfermedad.
La presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Kathleen Rice, una demócrata de Nueva York, dijo que entre los empleados hubo informes de racionamiento de equipos de protección personal, atención médica inadecuada y retrasos en las pruebas.
CoreCivic dijo que cerca de 500 de sus casi 14.000 empleados dieron positivo. Geo Group dijo que 167 de sus 3.700 empleados habían regresado con pruebas positivas, con 69 recuperados y uno hospitalizado. LaSalle dijo que tenía 144 empleados con pruebas COVID-19 positivas, de los aproximadamente 3.000 empleados de la compañía, y MTC dijo que 73 de sus 1,200 trabajadores habían dado positivo.
ICE no hizo comentarios sobre las cifras o las alegaciones planteadas en la audiencia.
Actualmente hay cerca de 22.580 detenidos bajo custodia de ICE, una caída dramática de los más de 50.000 migrantes detenidos en promedio diariamente durante el año fiscal 2019. Los arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México han disminuido en los últimos meses y los tribunales han ordenado liberaciones, citando riesgos de coronavirus.
