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Concejalía estudia méritos de vigilancia aérea para combatir el crimen en la ciudad de St. Louis

EN INTENTO DE COMBATIR LA VIOLENCIA ARMADA Y LA PLAGA DE HOMICIDIOS EN LA CIUDAD DE ST. LOUIS

Saint Louis • La Concejalía de la Ciudad de St. Louis está contemplando contratar a una empresa privada de vigilancia aérea en un intento de añadir una línea de ofensa contra el crimen y la violencia en la ciudad.

La Concejalía inicialmente dió el visto bueno al proyecto, pero nuevos alegatos de que la empresa bajo consideración, Persistent Surveillance está siendo investigado por abusos de sus servicio de vigilancia y nuevos informes apuntan a que el dueño de la empresa, Ross McNutt es simpatizante y contribuyente de Donald Trump.

McNutt está siendo investigado por el Departamento de Seguridad de la Patria en Ohio por una acusación de que no cuenta con una licencia de investigación privada para su empresa.

Empresas de investigación privadas en Ohio y otros estados deben poseer una licencia de investigación privada para contratar con servicios de policía locales, estatales o federales.

En Missouri se exenta a empresas o personas en tener una licencia de investigación privada si estos son empleados o contratados por agencias estatales.

La polémica ha levantado varios retenes para el proyecto que se planteaba estar en funcionamiento para la primavera y verano de este año.

El abogado de la Ciudad de St. Louis añadió cartas al asunto avisando a la concejal Christine Ingrassia de que la contratación pudiera ser ilegal ya que los concejales no disponen del poder para negociar contratos, añadirlo a una pieza legislativa y obligar a funcionarios de la ciudad en implementar dicho contrato.

La empresa Persistent Surveillance Services realizaría operativos de vigilancia desde avionetas durante 18 horas del día y noche. Activistas y defensores de los derechos civiles han protestado el uso de las plataformas aéreas por su fácil corruptibilidad en realizar vigilancias ilegales sin orden judicial.

El Concejal Tom Oldenburg, quién introdujo la propuesta está en desacuerdo con el punto de vista del abogado de la ciudad Michael Garvin.

Aquellos que aprueban del plan estiman que sería de gran ayuda en combatir el crimen, especialmente la tasa de homicidios el cual cifra como una de las más altas en el país. Desde que comenzó la pandemia, el numero de homicidios ha superado cifras récord en 50 años. Las avionetas pudieran ayudar a la policía en seguir a los homicidas e identificar a testigos presentes en eventos criminales.

Sin embargo, el argumento de vigilancia se basa en el uso de otras tecnologías, como escaneadores de placas de automóvil y quizás hasta registros de identidad facial lo cual implicaría posibles violaciones de privaciadad como se garantiza en la constitución.

Algunos de los Concejales opuestos al plan aseveran que el sistema pudiera ser utilizado mayormente contra comunidades de color y añadir a la ya larga lista de violaciones de derechos civiles a las que estas comunidades son sujetas.

Residentes en la ciudad han sido excluidos del debate y sin foro de voto o opinión publica se teme que el gobierno municipal pudiera entrar en un nuevo terreno y establecer antecedentes que atentan contra la voluntad popular.

Aunque la Alcalde Krewson no se ha pronunciado directamente sobre el tema, portavoces de la alcaldía han expresado que la Alcalde Krewson no apoya el uso de fondos públicos para pagar el proyecto de vigilancia aérea.

El programa se calcula en un gasto de $11 millones de dólares anuales, de los cuales la empresa de vigilancia sería la responsable de encontrar.

«El proyecto de ley tiene trecho aún para pasar por el proceso legislativo y pudiera cambiar,» dijo Jacob Long, portavoz de la Alcalde Krewson. «continuaremos escuchando la conversación en la junta concejal»

El mando de la policía ve un problema en compartir la información del Centro De Crimen En Tiempo Real (CCTR), el cual controla más de 500 cámaras de vigilancia en la ciudad e informa en tiempo real de las condiciones en múltiples puntos de la ciudad. Las cámaras del CCTR pueden enfocar hasta dos cuadras de distancia y leer caras con nitidez, ayudando a la policía a identificar individuos con referencia biométrica en tiempo real.

La empresa de vigilancia aérea por contraste sólo presentaría datos a la policía en caso de petición por detectives, haciendo el proceso un poco más torpe, según informa el concejal Oldenburg.

El lenguaje usado en la propuesta de ley subraya que el programa de vigilancia no se debe pagar con fondos públicos y que la empresa deberá encontrar sus propias fuentes de financiamiento. Dicha contratación pudiera presentar un problema ya que partes interesadas pudieran tener acceso a los datos recolectados por las avionetas de vigilancia y ser vendidos a empresas privadas.

Un ejemplo de esto ya ha sucedido en Baltimore, donde la Policía de esa ciudad amenazó con cancelar su contrato con Persistent Surveillance por infringir en datos privados haciéndolos disponibles a un medio de prensa.

El mando de la policía de St. Louis no se ha pronunciado sobre el uso de la avionetas y faltaron a una reunión el pasado 6 de enero con el fin de contestar preguntas al respecto del programa.

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