WASHINGTON D.C. – Las órdenes mordaza que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso a los abogados que representan a dos medios de comunicación prominentes y que luchan contra las solicitudes de citación han suscitado preocupaciones sobre las protecciones de la Primera Enmienda.
La cadena de noticias CNN informó esta semana que su principal abogado fue sometido a una orden de mordaza en 2020, cuando el Departamento de Justicia del entonces fiscal general William Barr buscó los registros de correo electrónico de un corresponsal de seguridad nacional.
Bajo la orden mordaza, su abogado dijo que se le impidió saber de qué se trataba la investigación, con qué se relacionaba la información y hablar con el reportero para que la cadena de noticias pudiera reducir el impacto en su cobertura.
El diario The New York Times recibió una orden similar en marzo de este año, al mismo tiempo que algunos altos ejecutivos fueron informados de un esfuerzo gubernamental en curso para asegurar los registros de correo electrónico de cuatro reporteros, informó el Times la semana pasada. El periódico dijo que incluso su editor ejecutivo desconocía la batalla legal, que comenzó en las últimas semanas de la administración Trump, hasta que se levantó la orden de silencio la semana pasada.
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Medios como The Washington Post han informado en las últimas semanas sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia para incautar registros de periodistas como parte de las investigaciones sobre filtraciones de material. The Times informó que el departamento buscó los registros de correo electrónico de los periodistas en un intento por identificar sus fuentes.
Expertos en medios y abogados han condenado las acciones del Departamento de Justicia.
“Es difícil creer que en el año 2021, en un momento en el que hemos logrado tantos avances en este país, los medios de comunicación todavía estén amenazados de intentos de infringir la libertad de prensa básica por parte de nuestro propio gobierno”, dijo a la VOA, Lisa Matthews, presidente del Club Nacional de Prensa.
Theodore Boutrous, socio de Gibson, Dunn & Crutcher, firma de abogados que representó a The New York Times, dijo a la VOA que la orden de mordaza no tenía precedentes.
«Cuando hay una investigación de filtraciones, generalmente todo el mundo lo sabe», dijo Boutrous.
El abogado, que ha sido honrado por su trabajo representando casos de los medios de comunicación de alto perfil, incluido por su rol como defensor del corresponsal de CNN Jim Acosta, después de que se revocaron sus credenciales en la Casa Blanca, dijo que el enfoque del Departamento de Justicia «es altamente ofensivo para la Primera Enmienda».
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Gibson, Dunn & Crutcher representó a ejecutivos de USAGM en 2020 cuando presentaron una queja contra el entonces CEO Michael Pack. USAGM es la agencia matriz de la VOA.
El Departamento de Justicia se negó a responder a la solicitud de comentarios de la VOA.
Según las pautas del Departamento de Justicia, el fiscal general debe aprobar una citación para los registros de reporteros y cualquier incautación de registros de noticias debe tratarse como «medidas extraordinarias, no prácticas de investigación estándar».
Las pautas establecen que se debe notificar a un periodista o medio a menos que «dicha notificación represente una amenaza clara y sustancial para la integridad de la investigación, exista un riesgo de daño grave para la seguridad nacional o presente un riesgo inminente de muerte o lesiones corporales graves».
En los casos revelados en las últimas semanas, ninguno de los medios fue informado de las solicitudes de citación y dos fueron sujetos de órdenes de mordaza.
Aunque se llegó a un acuerdo en el caso de CNN en enero, los ejecutivos que sabían de la batalla de meses por decenas de miles de correos electrónicos fueron relevados de la orden de mordaza solo esta semana.
Investigación de fugas
A los medios de comunicación afectados por las últimas solicitudes de citación se les informó las fechas de los registros buscados, pero no qué informes se estaban investigando.
En el caso del Washington Post, el periódico informó el mes pasado que acababa de enterarse de que el Departamento de Justicia obtuvo registros telefónicos de tres reporteros de seguridad nacional, que cubren un período de abril a julio de 2017.
El Post citó a un portavoz del Departamento de Justicia diciendo que los periodistas no fueron el objetivo de la investigación.
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Boutros dijo que con The New York Times, «todos sabían» que el Departamento de Justicia estaba realizando una investigación de filtración relacionada con el ex director del FBI James Comey. Una investigación interna encontró que Comey filtró información a los medios de comunicación, pero el Departamento de Justicia anunció en 2019 que el exdirector no sería procesado.
CNN informó que en julio de 2020, el Departamento de Justicia de Barr luchó por los registros de correo electrónico de la corresponsal del Pentágono Barbara Starr de 2017, pero que el abogado general de la organización no pudo discutir el asunto con nadie.
La imposición adicional de una orden de mordaza se ha sumado a las preocupaciones de los expertos, quienes señalan que impidió que los reporteros supieran durante meses que los abogados estaban luchando para proteger sus correos electrónicos.
“La decisión de seguir órdenes de mordaza es una medida extraordinaria. Las consecuencias son extensas y la práctica realmente va en contra de la transparencia sobre la que se basa el sistema judicial federal ”, dijo Matthews, del National Press Club.
Algunos de los periodistas afectados han comentado sus casos en las redes sociales.
«El juez federal dice que la búsqueda de mis registros y CNN ‘no está anclada en los hechos’ y ni siquiera se me permitió estar al tanto debido a una orden de silencio», escribió Starr en Twitter el miércoles. “#PrimeraEnmienda hoy, mañana y siempre”, agregó.
Los colegas de Starr en CNN expresaron sentimientos similares.
«Las palabras ‘orden de mordaza’ no pertenecen a la idea de ‘organización de noticias'», escribió en Twitter el corresponsal jefe de medios de la red, Brian Stelter.
Mathews dijo que las acciones del Departamento de Justicia son dañinas para el periodismo.
“Daña las relaciones con las fuentes para los reporteros, sin mencionar nuestra democracia. Las recientes revelaciones de que el Departamento de Justicia buscó y obtuvo órdenes judiciales secretas para recopilar registros telefónicos y de correo electrónico de reporteros en CNN y The New York Times, basadas únicamente en las declaraciones hechas por el gobierno, son alarmantes y socavan la base de la transparencia dentro del sistema judicial».
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El Comité de Protección para los Periodistas emitió un comunicado en el que por primera vez en su historia se pronuncia en contra de un candidato presidencial estadounidense.
Los grupos de derechos de los medios dicen que los enjuiciamientos por filtraciones aumentaron bajo la presidencia de Obama, una tendencia que continuó bajo la administración de Trump.
Si bien muchos acogen con satisfacción la afirmación de Biden de que esta práctica se detendría en su administración, los defensores de la libertad de expresión han pedido medidas más concretas.
Argumentando que el aumento de los enjuiciamientos durante las administraciones recientes estaban «queriendo enfriar los informes de investigación», la Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que «el diablo está, por supuesto, en los detalles».
«El Departamento de Justicia ahora debe incluir esta barra categórica de vigilancia periodística en sus ‘pautas de medios’ oficiales, y el Congreso también debe consagrar inmediatamente las reglas en ley para garantizar que ninguna administración pueda volver a abusar de su poder», dijo el director ejecutivo de la fundación, Trevor Timm, en un reciente comunicado. La organización sin fines de lucro defiende el periodismo de interés público.
«Si cumplen esta decisión encomiable y de vital importancia de la administración Biden, tiene el potencial de detener la marea de más de 10 años de erosión de la libertad de prensa», agregó Timm.
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