Saint Louis • Una protesta multitudinaria congregó a decenas de manifestantes en el centro de Saint Louis el sábado por la tarde. Los participantes, que incluyeron tanto residentes como activistas de derechos civiles, portaron carteles denunciando la intensificación de arrestos y deportaciones que se están efectuando en la ciudad y el condado de St. Louis, una región metropolitana que alberga aproximadamente 2.8 millones de habitantes.
Durante más de dos semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia federal establecida en 2003 bajo el Departamento de Seguridad Nacional, ha ejecutado una serie de redadas coordinadas. Estas operaciones han resultado en la detención de cientos de personas presuntamente indocumentadas, afectando principalmente a comunidades establecidas en los distritos del norte y sur de la ciudad.
Aunque ICE cuenta con el respaldo de recursos estatales de Missouri, incluyendo fondos y personal del estado, las fuerzas del orden locales – tanto la policía del Condado como la de la Ciudad de St. Louis – han adoptado, por ahora, una postura de no intervención en estas operaciones federales. Esta posición refleja la compleja relación entre las autoridades locales y federales en asuntos de inmigración, un tema que ha generado debate en numerosas ciudades estadounidenses.
La intensificación de las operaciones de ICE ha desencadenado una ola de pánico y preocupación en la comunidad inmigrante de St. Louis, estimada en aproximadamente 125,000 personas. Muchas familias se encuentran evaluando sus opciones frente a este operativo sin precedentes, que representa una nueva interpretación de las leyes migratorias federales.
La reciente legislación federal establece que cualquier persona extranjera sin autorización de permanencia o residencia legal que tenga antecedentes puede ser detenida y deportada de forma expedita. Este cambio marca una diferencia significativa respecto a políticas anteriores que priorizaban la deportación de personas con delitos graves.
Sin embargo, hay personas sin estos antecedentes que han sido interceptadas y arrastradas por la corriente.
El proceso de deportación se ha acelerado significativamente. Los detenidos están siendo procesados y transportados a sus países de origen en cuestión de horas, utilizando vuelos militares para transportar grandes grupos simultáneamente. Esta rapidez en el proceso ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos sobre el debido proceso y las condiciones de detención.
En respuesta a esta situación, un número creciente de residentes latinos en St. Louis está tomando decisiones drásticas. Algunos optan por liquidar sus negocios y propiedades, preparándose para una salida voluntaria que les permita mantener intactos sus ahorros y la unidad familiar. Esta tendencia podría tener un impacto significativo en la economía local, considerando que los negocios latinos en St. Louis generan aproximadamente $1.2 mil millones en actividad económica anual.
Las organizaciones pro-inmigrante luchan por adaptarse al nuevo panorama legal. Sin embargo, sus opciones son limitadas hasta que estas nuevas políticas sean cuestionadas en los tribunales federales. Programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que previamente ofrecían protecciones temporales, enfrentan un futuro incierto.
Entre las acciones de protesta planificadas destaca la «semana sin latinos», una iniciativa que busca demostrar el impacto económico de la comunidad latina mediante el cierre temporal de negocios. Sin embargo, esta estrategia genera preocupación entre economistas y líderes comunitarios, quienes señalan que podría resultar contraproducente al afectar principalmente a los trabajadores que dependen de ingresos semanales para su subsistencia.
La situación en St. Louis refleja una crisis migratoria más amplia que afecta a numerosas ciudades estadounidenses, donde las comunidades inmigrantes enfrentan una creciente presión legal y social, mientras las instituciones locales buscan equilibrar el cumplimiento de la ley federal con las necesidades y derechos de sus residentes.
Además, en el legislativo de Missouri, se contempla una ley que otorgaría una recompensa de $1000 por la captura y deportación de un indocumentado. Una ley que el mismo Presidente de la Cámara legislativa ha tachado como exagerado y peligroso insinuando que no debería ser aprobada.
En la ciudad de St. Louis, la única concejal Latina de la Cámara de Concejales, Daniela Velázquez, ha presentado y logrado hacer firmar una ley que daría carnets municipales a los residentes de la ciudad. Programas similares ya han sido implementadas en ciudades como Chicago, Nueva York y ampliamente en California. Dichos programas han tenido poco impacto en prevenir deportaciones y solo sirve para que los residentes de la ciudad tengan acceso a recursos locales y no estatales o federales.
Aunque existe un enfoque de operaciones de remoción de muchos latinos, el operativo también está impactando otros grupos étnicos y nacionales. En varios casos se ha extraditado a criminales de guerra, estafadores y otros individuos acusados de homicidio, trata humana y narcotráfico.
Organizaciones como el Instituto Internacional de St. Louis, que por más de 100 años ha ayudado con dar la bienvenida a refugiados de todo el mundo anunció hoy su decisión de eliminar un 60% de plantilla, debido a que el gobierno federal dejará de proveer un presupuesto operativo a esta agencia.
El Instituto dijo que su popular «Festival de Naciones» sera postergado este año.
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