Washington D.C. • Mientras que comunidades latinas y de inmigrantes en todo Estados Unidos enfrentan crecientes desafíos legales, una serie de acciones legales recientes ha puesto de manifiesto la precaria situación de quienes buscan refugio en el país.
Bloqueadas temporalmente las deportaciones inminentes
Grupos de defensa de inmigrantes lograron este jueves que un juez federal del Distrito de Columbia bloqueara temporalmente la deportación de sus clientes, algunos de los cuales enfrentaban expulsión inmediata.
Entre los afectados se encuentra una familia de cuatro miembros que huyó de Afganistán escapando de los talibanes, dos mujeres ecuatorianas víctimas de agresión sexual que temen por sus vidas, una mujer brasileña que enfrentaría violencia doméstica o muerte, y un hombre encarcelado y torturado en Egipto por sus opiniones prodemocráticas.
Lamentablemente, una de las mujeres ecuatorianas ya ha sido deportada, según confirmó el Departamento de Justicia durante una audiencia de emergencia. Según la moción de emergencia presentada por la ACLU, esta mujer «huyó de Ecuador para escapar de la horrible violencia y secuestro por parte de su expareja».
Primera gran impugnación legal contra la orden ejecutiva de Trump
Esta demanda representa el primer gran desafío legal contra la orden ejecutiva del presidente Trump que efectivamente prohíbe las solicitudes de asilo en Estados Unidos, a pesar de que los encuentros y cruces no autorizados en la frontera entre EE.UU. y México están en sus niveles más bajos en años.
La decisión del juez Randolph Moss de conceder una suspensión administrativa congelará los procedimientos legales hasta el lunes por la tarde, dando tiempo al Departamento de Justicia y a los grupos de derechos de inmigrantes para determinar si el tribunal tiene jurisdicción legal para detener las deportaciones.
Múltiples frentes legales para las comunidades latinas
Las comunidades latinas enfrentan presiones sin precedentes en varios frentes:
- Eliminación de vías legales: La administración Trump ha cerrado el uso de la aplicación CBP One, una de las pocas vías que los solicitantes de asilo podían utilizar para programar citas y presentar sus solicitudes.
- Deportaciones masivas a Guantánamo: Como parte de su promesa de campaña, Trump ha ordenado al Departamento de Defensa comenzar a transportar migrantes detenidos a la base naval de Guantánamo. Aunque la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que solo «los peores de los peores» serían alojados allí, el Departamento de Justicia señaló que 51 de los 178 migrantes eran de «baja amenaza».
- Amenazas al TPS para venezolanos: Una demanda presentada por titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) cuestiona las decisiones de Noem con respecto al TPS para aproximadamente 600,000 venezolanos. La demanda alega que su decisión de poner fin a ese estatus protegido estuvo «motivada al menos en parte por animosidad racial», citando declaraciones donde calificó a los titulares venezolanos del TPS como «desgraciados».
Impacto en la comunidad latina
Para las familias latinas, estas políticas representan:
- Separación familiar inmediata y traumática
- Retorno a situaciones de peligro mortal documentado
- Eliminación de protecciones legales establecidas
- Estigmatización basada en origen étnico y nacional
«Estas políticas no solo son crueles, sino que violan las leyes de asilo establecidas por el Congreso en 1980», señala Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU, quien argumenta que incluso si el estatus de deportación es acelerado, el tribunal de D.C. ha emitido suspensiones en casos similares anteriormente.
Próximos pasos críticos
En los próximos días, los tribunales determinarán si tienen jurisdicción para intervenir en estas deportaciones. Mientras tanto, organizaciones comunitarias latinas trabajan contrarreloj para brindar apoyo legal a quienes enfrentan deportación inmediata, particularmente a aquellos que huyen de violencia documentada.
Las comunidades latinas permanecen en alerta máxima mientras los desafíos legales avanzan, con la esperanza de que el sistema judicial reconozca las graves consecuencias humanitarias que estas políticas representan para miles de personas vulnerables.
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