ST. LOUIS, MO — 12 de marzo de 2025. El cuerpo legislativo de Missouri aprobó hoy un proyecto de ley que despoja a la ciudad de St. Louis del control local sobre el Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis (SLMPD), una medida que la alcaldesa Tishaura O. Jones calificó de «irrespetuosa, patética y cobarde».
La controvertida legislación, conocida como HB 495, transferirá el control del departamento de policía de la ciudad a las autoridades estatales, revirtiendo una decisión de los votantes de Missouri que en 2012 devolvió la gestión policial a la ciudad mediante un referéndum estatal que fue aprobado con un 63.9% de los votos.
«Hay una cosa en la que los patrocinadores del proyecto y yo estamos de acuerdo: que este proyecto no es un plan contra el crimen», declaró la alcaldesa Jones en respuesta a la aprobación. «Mi administración y yo hemos pasado los últimos cuatro años abordando las realidades del crimen en nuestra ciudad».
Jones destacó los logros de su administración: «Continuamos mejorando los tiempos de respuesta al 911, hemos introducido programas de desvío de llamadas, hemos invertido en organizaciones comunitarias que abordan las causas fundamentales del crimen, y todo esto ha resultado en una disminución histórica del crimen».
Según estimaciones preliminares conservadoras, la nueva ley costará a la ciudad de St. Louis aproximadamente $40 millones adicionales por año, creando una carga financiera significativa para los contribuyentes locales.
La alcaldesa señaló que la ciudad ha experimentado una tasa de criminalidad históricamente baja durante los primeros dos meses de 2025. Recientemente, Jones publicó su informe «Estado de la Seguridad Pública 2025», que destaca un enfoque integral que ha conducido al menor número de homicidios en la ciudad desde 2013, una reducción del 15% en todos los delitos y una tasa de resolución de casos que supera ampliamente el promedio nacional.
Tanto la alcaldesa Jones como el jefe de policía Robert Tracy testificaron contra la toma de control estatal en Jefferson City, la capital del estado. Sin embargo, sus argumentos no persuadieron a los legisladores.
Críticos de la medida señalan que ninguno de los patrocinadores del proyecto de ley reside en la ciudad de St. Louis, y acusan a estos legisladores de recurrir a «mentiras descaradas» para justificar su posición.
El presidente del Consejo Municipal de St. Louis, Megan Green, también emitió un comunicado contundente sobre la aprobación de HB 495:
«A pesar de los impactos positivos de nuestro enfoque para la prevención del crimen y los mínimos históricos en crimen violento, la Asamblea General de Missouri votó para transferir el control de nuestro departamento de policía a una Junta de Comisionados nombrada por el estado», declaró Green.
«Quiero ser clara: HB 495 nunca ha sido sobre hacer de St. Louis un lugar más seguro. Se trata de ejercer control sobre las ciudades demócratas. Los mismos legisladores que impulsan este tema también están trabajando para anular las protecciones laborales y los derechos reproductivos que los votantes aprobaron el pasado noviembre. Los republicanos en la Cámara y el Senado de Missouri están señalando que no están interesados en honrar la voluntad del pueblo si esta no se alinea con la ideología conservadora», añadió.
Green concluyó: «Mientras el autoproclamado partido del gobierno pequeño continúa priorizando el poder sobre el progreso, mi oficina sigue enfocada en soluciones que reducen el crimen a través de la prevención para que todos en nuestra ciudad puedan sentirse seguros y estar seguros».
La historia del control estatal sobre la policía de St. Louis se remonta a los días previos a la Guerra Civil, con raíces en ideologías pro-esclavistas, según historiadores locales. La reciente decisión ha reavivado debates sobre autonomía local, administración policial y las relaciones históricamente tensas entre el gobierno estatal dominado por republicanos y la ciudad de St. Louis, tradicionalmente demócrata.
Impacto a la comunidad Latina en St. Louis Ciudad:
Se anticipa que con las leyes anti-inmigrantes en efecto, la policía municipal deberá someterse al requerimiento estatal de pedir a personas paradas por la policía el declarar su estado migratorio, algo que el departamento hasta ahora no ha hecho o a lo que se ha resistido. La colaboración con las redadas de ICE también es lo más probable bajo esta nueva matriz.
El proyecto de ley ahora se dirige al escritorio del gobernador, quien se espera que lo firme en los próximos días.
«Todo lo que hace este proyecto es detener y revertir nuestro progreso para permitir que un pequeño número de no residentes de la ciudad se den palmaditas en la espalda porque lograron anular una vez más la voluntad de los votantes», concluyó Jones.
Descubre más desde Diario Digital STL
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
