ST. LOUIS — Si bien en Chicago, Indianapolis, Los Ángeles y Minneapolis hemos visto grandes despliegues de agentes de ICE aterrorizando comunidades y hasta matando a ciudadanos, en St. Louis la estrategia se ha cambiado, quizás demostrando una nueva fase y evolución de la guerra contra el inmigrante en EE.UU.
St. Louis y Kansas City no han visto grandes movilizaciones de agentes de ICE. Nada obvio por lo menos. Las redes sociales están calladas, los noticieros locales no lo reportan, pero Missouri es uno de los estados con mayor interceptación de detenidos en el país. Solo desde enero de 2025, más de 3,200 personas han sido detenidas en Missouri bajo el marco de la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump — y la mayoría no fue arrestada por agentes federales.
Fue la policía local quien los entregó.
Esa es la realidad que emerge de los datos más recientes del Deportation Data Project y de los testimonios de organizaciones de defensa en St. Louis: Missouri está viviendo uno de los incrementos más abruptos en detenciones migratorias del país —casi el triple de lo registrado al final de la administración Biden— y lo está haciendo, en gran medida, de manera silenciosa, municipio por municipio, a través de acuerdos formales e informales con las autoridades federales de inmigración.
La ciudad y el condado no cooperan. Los municipios sí.
La distinción geográfica es clave para entender cómo funciona el sistema en el área metropolitana de St. Louis.
Tanto la Ciudad de St. Louis como el Condado de St. Louis han adoptado posturas que limitan la cooperación directa con ICE, esto a pesar de una ley estatal que exige dicha cooperación y ninguno de los dos cuenta con acuerdos formales 287(g) —el mecanismo federal que autoriza a los agentes locales a actuar como oficiales de inmigración. Sin embargo, más de 60 agencias de todo el estado sí colaboran con ICE de alguna forma, y muchas de ellas se encuentran en municipios del área metropolitana. St. Charles es la última en sumarse a esta lista por ejemplo.
La diferencia no es solo política. Es también económica.
Tanto el gobierno estatal como el federal han dispuesto fondos e incentivos destinados a jurisdicciones que accedan a cooperar con las autoridades migratorias. Para muchos municipios pequeños con presupuestos ajustados, esos recursos representan una oportunidad difícil de rechazar —aunque el costo recaiga sobre sus propios residentes.
Más del 80% de los detenidos llegan por vía policial
Jessica Mayo, codirectora y abogada del Proyecto M.I.C.A., lleva meses documentando este patrón a través de la Línea de Respuesta Rápida de St. Louis.
«Más del 80% de las personas que atendemos a través de la línea directa están siendo entregadas a ICE por los departamentos de policía locales», afirmó Mayo. Y lo que resulta revelador, agregó, es que esto ocurre incluso en departamentos que no tienen acuerdos 287(g) formales con el gobierno federal.
La cooperación puede ser tan simple como una llamada telefónica. Según Mayo, hay municipios que contactan a ICE cuando alguien es detenido por conducir sin licencia. Otros entregan a personas que se habían presentado voluntariamente durante años a citas de rutina para actualizar su estatus migratorio —una práctica que hasta hace poco era estándar y que ahora se ha convertido en una trampa.
«Aunque no vemos a ICE en las calles como en Minneapolis, Chicago o Los Ángeles, esa misma destrucción de familias está ocurriendo aquí y está impactando a nuestros vecinos, a las personas con quienes vamos a la escuela, con quienes trabajamos», dijo Mayo.
El peso lo cargan las familias
La Fundación ASHREI ha recibido cerca de 6,000 llamadas a su línea de apoyo desde el inicio del año y ha brindado asistencia a más de 650 familias que enfrentan la detención de un familiar. En cualquier día ordinario, cientos de personas detenidas por ICE permanecen recluidas en instalaciones distribuidas a lo largo del estado.
Y los datos desafían el argumento federal de que estos operativos se dirigen exclusivamente a personas que representan un peligro público: aproximadamente el 20% de los arrestados por ICE en Missouri no tienen cargos penales ni condenas previas.
Washington dice que es por seguridad pública
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional sostienen que los operativos están enfocados en individuos que representan una amenaza, y señalan arrestos recientes de personas con antecedentes violentos como evidencia. ICE también promueve su oficina VOICE, diseñada para apoyar a víctimas de delitos relacionados con la inmigración.
Pero para Mayo y otras organizaciones de defensa, ese argumento no cuadra con lo que ven a diario en las líneas de ayuda: padres detenidos tras un choque menor, trabajadores arrestados en camino al trabajo, y familias enteras desintegradas sin que medie ningún proceso judicial.
«Todos necesitamos alzar la voz y hacerle saber a nuestro gobierno que no apoyamos esto», dijo Mayo. «Y apoyar a los inmigrantes de nuestra comunidad para hacer de este un lugar más acogedor.»
Si usted o un familiar necesita ayuda
La Línea de Respuesta Rápida de St. Louis está disponible los siete días de la semana:
📞 (314) 370-7080
La línea orienta a las familias sobre cómo localizar a personas detenidas y cuáles son sus opciones legales.
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