Fiscal Kim Gardner demanda a la Policía Metropolitana y otras agencias
ACUSA A LA POLICÍA DE RACISMO Y PREJUICIO
La fiscal también acusa a las agencias de impedir su labor de reforma contra las prácticas racistas en la policía de la ciudad. Un cuerpo que ha tenido su ristra de incidentes apuntando a un patrón de comportamiento racista contra residentes no-blancos.
En su demanda, Gardner cita violaciones de derechos civiles, incluso nombrando el Acta del Ku Klux Klan de 1871. No por coincidencia aquellos nombrados en la demanda son blancos, Gardner es afrodescendiente.
Entre los nombrados en la demanda está el polémico gerente de la Asociación de Agentes de Policía de St. Louis, Jeff Roorda, el fiscal especial Gerard Carmody, quién acusó a uno de los investigadores principales de Gardner de mentir a un gran jurado. Citados también en la demanda está la hija e hijo de Carmody, quienes también se vieron involucrados en esa investigación.
«Esto se trata de la voluntad del pueblo siendo silenciado por esfuerzos concertados en parar reformas en la ciudad de St. Louis, y esto tiene que ser afrontado,» dijo Gardner a la prensa local.
«Esto dice, ‘No más vamos a dejar que los pocos poderosos que quieren mantener el estatus quo prevenir a una fiscal elegida de hacer su trabajo,» dijo Gardner.
La fiscal Gardner mantiene que esta es la primera vez que una fiscal ha demandado a su propio departamento de policía y otros poderes por un asunto de derecho civil. El caso, si llega a juicio será un momento histórico para la ciudad.
Mientras tanto, aquellos que se encuentran nombrados en la demanda no han querido realizar ningún comentario sin primero estudiar la demanda.
En su demanda, la fiscal Gardner cita «una larga historia de desigualdad racial y prejuicio en el sistema criminal de justicia generalmente, y dentro de su fuerza policial particularmente.»
Gardner, quién fué elegida en el 2016 con una plataforma progresista, buscando cambiar el sistema e implementar mejoras desde uno de los puestos más poderosos en el sistema judicial de la Ciudad.
Desde su investidura como Fiscal, Gardner asegura que el sindicato de la policía y otras organizaciones de influencia tanto política como empresarial han buscado maneras de frenar su agenda de cambio. Por ello, la fiscal citó el Acta del Ku Klux Klan, el cual fue una medida adoptada precisamente en respuesta a casos con el que dice Gardner: «Detener conspiraciones motivadas por el racismo para negar derecho civiles de las minorías en obstruir a empleados gubernamentales en sus esfuerzos de asegurar justicia e igualdad bajo la ley para todos,» según detalle la demanda.
Como ejemplos en su demanda, Gardner incluyó el reportaje de varios agentes de policía de la Ciudad de St. Louis que fueron acusados de poner mensajes racistas en Facebook. El caso obtuvo atención mediática nacional, con algunos agentes eximiendo puntos de vista violentos y racistas. Dos agentes fueron despedidos, pero la fiscal mantiene que muestra un patrón de comportamiento a nivel departamental en la Policía y otros departamentos.
La demanda dice que el apoyo de las entidades policiales como la que dirige Roorda han perpetuado un comportamiento de excesiva violencia contra los residentes afrodescendientes y el apoyo de Roorda del agente Darren Wilson, quién mató al joven Michael Brown de 18 años de edad en un altercado que dio paso a meses de protestas, a menudo violentas, en el 2014.
El sindicato de policía ha representado y defendido las acciones de varios agentes involucrados en actos racistas, incluso alguno que mató a personas afrodescendientes.
La gota que colmó el vaso para Gardner fue cuando la contratación de Gerard Carmody era de especial preocupación, ya que este estaba encargado de investigar a Gardner en un caso de corrupción tras la dimisión de Eric Greitens como gobernador de Missouri. Lo preocupante recae en que Carmody era amigo personal de uno de los abogados de Greitens, creando un claro conflicto de interés.
En la investigación contra Gardner, el caso se centró en si la fiscal habría colaborado con su investigador William Tisaby, quién mintió ante un Gran Jurado que deliberaba el caso Greitens. La investigación ha sido una polémica constante para Gardner y una llama avivada por los partidarios de Greitens y su equipo legal.
Gardner dice que su caso está siendo manejado por un abogado de fuera del estado y que los gastos están siendo acarreados por un grupo sin ánimo de lucro llamado, mujeres contra el abuso policial, radicado en Texas.
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