ST. LOUIS (DDN) – Un juez de la Corte de Circuito de St. Louis ha ordenado al Ayuntamiento de St. Louis a suspender temporalmente su programa de ingreso básico garantizado (Guaranteed Basic Income) mientras continúa una demanda sobre la iniciativa.
El juez Joseph Whyte emitió el jueves por la noche una orden de restricción temporal de 15 días sobre el programa, que proporciona a 440 familias aproximadamente $500 mensuales de un fondo de $5 millones proveniente del financiamiento federal de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense.
El ingreso básico garantizado es un programa diseñado para proporcionar un pago regular de $500 y sin condiciones a un grupo específico de ciudadanos. En el caso de St. Louis, el programa está dirigido a familias que viven en la pobreza, con el objetivo de ofrecer estabilidad financiera y ayudar a cubrir necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica. Los defensores argumentan que estos programas pueden reducir la pobreza, mejorar la salud mental y proporcionar una red de seguridad económica para los beneficiarios.
La orden fue concedida tras una moción presentada por los abogados de la Holy Joe Society, una organización sin fines de lucro que afirma trabajar para «desafiar actividades impropias del gobierno local de Missouri».
La alcaldesa Tishaura Jones declaró el viernes que la ciudad acatará la orden del juez, mientras exploran sus opciones legales y continúan buscando formas de apoyar a las familias de St. Louis.
La demanda se centra en una disposición de la Constitución de Missouri que prohíbe a las entidades gubernamentales locales otorgar dinero público a individuos o entidades privadas.
Los abogados de la ciudad argumentaron que el ingreso garantizado es constitucional si el gasto de dinero público sirve a un propósito público, como estimular y estabilizar la economía local.
El juez Whyte ordenó al Ayuntamiento de la ciudad de St. Louis a detener cualquier depósito o pago a familias bajo el programa durante 15 días y recuperar cualquier cantidad no gastada para devolverla a las arcas municipales.
El programa, que utiliza $5 millones en fondos federales, fue aprobado por la Junta de Concejales (Board of Aldermen) en diciembre de 2022 con un voto de 21-1.
La suspensión temporal del programa plantea interrogantes sobre el futuro de la iniciativa y su impacto en las familias beneficiarias, mientras la ciudad busca defender la legalidad de la medida en los tribunales.
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