Jefferson City, Missouri – Un juez del Circuito del Condado de Cole emitió una orden judicial permanente contra cuatro disposiciones de la Ley de la Cámara 1878 de Missouri que criminalizaban los esfuerzos de participación electoral y coartaban la libertad de expresión de organizaciones dedicadas al registro y educación de votantes.
La demanda fue presentada por la Liga de Mujeres Votantes de Missouri y la Conferencia Estatal de Missouri del NAACP, representadas por el ACLU de Missouri, el Centro Legal de Campaña y la Coalición de Protección del Votante de Missouri.
Las cuatro disposiciones bloqueadas incluyen:
- Una prohibición criminal de compensar a personas no gubernamentales que registran votantes
- Una penalidad criminal de delito grave por solicitar a un votante obtener una solicitud de voto por correo
- Sanciones penales para cualquier persona que no sea un votante registrado de Missouri que participe en el registro de votantes
- Un requisito para que los voluntarios que registren más de 10 votantes se registren en la oficina del Secretario de Estado
El tribunal determinó que estas disposiciones violan la libertad de expresión y asociación, son vagas y basadas en contenido, y vulneran el debido proceso.
Marilyn McLeod, Presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Missouri, declaró: «La Liga ha trabajado desde 1919 para educar y empoderar votantes, pero la Ley 1878 criminalizaba parte de nuestro trabajo, incluso entregar un formulario en blanco de solicitud de voto por correo o alentar a un nuevo ciudadano a registrarse para votar».
Nimrod Chapel, Jr., Presidente de la Conferencia Estatal de Missouri del NAACP, señaló: «Estas restricciones eran un ataque directo al trabajo del NAACP para involucrar y empoderar a las comunidades de color en las urnas, lo que habría aumentado las disparidades existentes que enfrentan los votantes negros».
Las restricciones entraron en vigor el 28 de agosto de 2022, justo antes de las elecciones de medio término. El tribunal había emitido una orden judicial preliminar el 24 de octubre de 2022, y ahora la ha convertido en permanente.
Los abogados de las organizaciones involucradas emitieron un comunicado conjunto destacando que la decisión refuerza que el trabajo de compromiso cívico está protegido constitucionalmente, poniendo fin a lo que consideraban un intento inconstitucional de detener la participación democrática.
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