Jefferson City, Missouri – En un movimiento que ha generado fuertes críticas, el Gobernador de Missouri, Mike Kehoe, firmó el proyecto de ley HB 495 que transfiere el control del Departamento de Policía Metropolitana de St. Louis (SLMPD) de las autoridades municipales al estado. Esta decisión revierte la autonomía local obtenida en 2013 y ha sido denunciada por oponentes como una acción que va en contra de la voluntad popular expresada previamente en las urnas.
Una firma ceremonial con implicaciones profundas
Menos de 24 horas después de firmar oficialmente el proyecto de ley, Kehoe realizó una firma ceremonial en la Asociación de Oficiales de Policía de Saint Louis, marcándola como la primera ley que aprueba desde que asumió la gobernación. Cuando se le preguntó sobre cómo los residentes pueden esperar ver cambios, incluyendo más oficiales en las calles, Kehoe admitió: «Tomará tiempo.»
El gobernador defendió su decisión argumentando que «a veces hay que tomar decisiones de liderazgo por lo que es mejor para las personas a las que servimos» y afirmó que «el estado no está tomando el control de la Policía de la Ciudad de St. Louis, los residentes locales están tomando el control.»
Junta de supervisión y sus implicaciones
Según la nueva ley, Kehoe tiene 90 días para nombrar a los miembros de una junta de supervisión que estará a cargo del departamento. Cuando fue cuestionado sobre si nombraría a demócratas en esa junta, el gobernador respondió: «Es no partidista en mi mente. Voy a buscar a las mejores personas, no a un partido específico.»
Todos los nombramientos deberán pasar por el proceso de designación gubernatorial, incluyendo un comité dentro del Senado, y luego el Senado completo tendrá que votar para su aprobación.
Controversia presupuestaria
La ley también modifica la cantidad de dinero que la ciudad debe gastar en la policía. La ley estatal establece que el 25% del presupuesto debe destinarse al departamento, un aumento que los funcionarios de la ciudad han señalado representa $40 millones adicionales.
Oposición y respaldo
La alcaldesa Tishaura Jones ha expresado firmemente su oposición a esta medida. En un video publicado en su cuenta de Instagram, declaró: «Me avergüenza ser de Missouri hoy. Me avergüenza porque este gobernador y esta legislatura no tienen respeto por la gente de este estado o la gente de la ciudad de St. Louis.»
Jones también añadió: «Desde el principio, este proyecto de ley ha sido una farsa, y la firma del gobernador no representa más que una falta de respeto para cada votante de Missouri que apoyó el control local. Las personas que viven y trabajan en la ciudad de St. Louis están más seguras hoy porque mi administración tomó las decisiones difíciles y audaces que han resultado en una reducción histórica del crimen.»
Por otro lado, el proyecto cuenta con el respaldo de grupos como la Asociación de Oficiales de Policía y la Sociedad Ética de Policía. Donnell Walters, Presidente de la Sociedad Ética de Policía, afirmó que esta decisión «reconstruirá la moral del SLMPD,» añadiendo que «los oficiales y civiles finalmente sienten que alguien los está respaldando.»
Un debate sobre la efectividad
El representante estatal Brad Christ, uno de los arquitectos de esta legislación, reconoció que el crimen está disminuyendo en la ciudad bajo el liderazgo actual, pero argumentó que es una disminución natural tras los años de pandemia. «Todavía somos los más altos per cápita en el país en cuanto a crimen,» explicó Christ.
Cuando se le preguntó si asumiría responsabilidad si esta medida no funcionaba, Christ respondió afirmativamente: «Asumiré la responsabilidad por cualquier cosa que sienta que es un fracaso. Veo una baja probabilidad de que esto falle. El departamento de policía verá inmediatamente un repunte.»
Un precedente histórico
El Gobernador Kehoe defendió la medida señalando que «ha funcionado desde la Guerra Civil, lo tuvimos hasta 2013, así que tiene un historial bastante bueno de poder funcionar.» Sin embargo, críticos recuerdan que durante el control estatal anterior, St. Louis experimentó altos índices de crimen y acusaciones de corrupción política.
La oficina de la Alcaldesa Jones ha anunciado que planea luchar contra el proyecto de ley recién firmado, estableciendo el escenario para una batalla legal sobre el control del departamento de policía en los próximos meses.
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