ST. PETERS, Mo. via San Juan, Puerto Rico — Una mujer del área metropolitana de St. Louis se declaró culpable el martes pasado en el tribunal federal de Puerto Rico por incendiar cuatro negocios durante sus vacaciones de Año Nuevo, en un caso que conmocionó tanto a la isla caribeña como a la comunidad puertorriqueña de Missouri.
Danielle Bertothy, de 37 años de St. Peters, se declaró culpable de un cargo federal de incendio provocado ante la jueza federal Gina R. Méndez Miró en San Juan. La sentencia está programada para el 20 de octubre de 2025, donde enfrentará entre cinco y 20 años de prisión federal.
El Incendio de Cabo Rojo
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 2 de enero de 2025 en el municipio de Cabo Rojo, Puerto Rico. Según documentos judiciales y cobertura en el momento de DiarioDigitalSTL.com, Bertothy fue expulsada del Bar Marea después de actuar de manera «beligerante y argumentativa» mientras estaba visiblemente intoxicada.
Los empleados del establecimiento le negaron más alcohol debido a su estado, lo que provocó que fuera removida del lugar en múltiples ocasiones por la policía municipal de Cabo Rojo.
Videos de vigilancia muestran a una persona que coincide con la descripción de Bertothy regresando al bar después del cierre, llevando un contenedor rojo de gasolina. Las imágenes capturan a la persona vertiendo líquido alrededor del área antes de que comenzara el incendio.
Daños y Evacuación
El fuego destruyó por completo un edificio comercial que albergaba cuatro negocios: Luichy’s Seaside Hotel, Bar Marea, Artesanías Juavia y Marinera Restaurant. Más de 20 huéspedes del hotel tuvieron que ser evacuados de emergencia en medio de la madrugada.
Afortunadamente, no se reportaron heridos o muertes en el incidente, aunque el edificio sufrió daños totales que obligaron a cerrar temporalmente todos los establecimientos.
Ángel Luis Marrero Negrón, propietario de Luichy’s Seaside Hotel, dijo a los medios que perdió casi todo por lo que había trabajado durante años. «Usted no tiene derecho, y nadie tiene el derecho de hacer esto y potencialmente matar personas», declaró Marrero sobre las acciones de Bertothy.
Fuga y Arresto
Bertothy había rentado un Airbnb cercano al bar desde el 31 de diciembre para una estadía de 12 días que debía terminar el 11 de enero. El anfitrión del Airbnb le había proporcionado el contenedor de gasolina para que pudiera reabastecer un generador según fuera necesario, debido a un apagón general que afectaba la isla.
Sin embargo, el día después del incendio, Bertothy abandonó abruptamente sus vacaciones y condujo tres horas hasta el aeropuerto para regresar a St. Louis, llegando a casa el 3 de enero.
Agentes del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) allanaron su residencia en Bramblewood Drive, St. Peters, el 7 de enero. Durante la búsqueda, los agentes notaron que su equipaje aún estaba sin desempacar y contenía ropa que coincidía con la que llevaba la noche del incendio.
Bertothy fue arrestada el 16 de enero y posteriormente trasladada al Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, Puerto Rico, donde ha permanecido desde entonces.
Respuesta de la Comunidad de St. Louis
El caso generó una respuesta significativa de la comunidad puertorriqueña en el área de St. Louis. La concejal de la ciudad de St. Louis, Daniela Velázquez, quien es la primera latina elegida al consejo municipal, organizó esfuerzos de apoyo para las víctimas desde aquí.
La Sociedad Puertorriqueña de St. Louis, que incluye a Velázquez, organizó una recaudación de fondos para los negocios afectados por el incendio, logrando reunir $20,000 para ayudar en la reconstrucción.
«No sé si puedes estar feliz de escuchar noticias como esta, pero me alegré de que la Sra. Bertothy parezca estar tomando responsabilidad por sus acciones y realmente creo que esto solo muestra cómo la comunidad se unió», dijo Velázquez a 5 On Your Side después de conocer la declaración de culpabilidad.
Acuerdo de Culpabilidad
Como parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado el martes, tanto los abogados de Bertothy como los fiscales recomendarán conjuntamente una sentencia de cinco años de prisión, que es el mínimo obligatorio bajo la ley federal.
«Apreciamos que pudimos negociar una resolución donde tanto la fiscalía como la defensa recomiendan la sentencia más baja permitida por la ley», dijo el abogado de Bertothy, Justin Gelfand. «Esta es la primera y única condena criminal de la Sra. Bertothy, y ella espera superar esto».
Recuperación de los Negocios
Los cuatro negocios afectados han logrado reabrir sus puertas. Luichy’s Seaside Hotel y Bar Marea reanudaron operaciones en abril de 2025. Días antes de la declaración de culpabilidad de Bertothy, el propietario de Luichy’s Seaside Hotel recibió el Premio Ave Fénix de la organización CROEM ALUMNI en honor a su esfuerzo por reactivar su negocio después de la destrucción causada por el incendio.
Marrero también estableció una página de GoFundMe para recibir donaciones, aunque ha tenido que aclarar que otra página similar no autorizada había recaudado más de $150,000 sin beneficiarlo a él o a su familia.
Impacto Legal y Comunitario
El caso de Bertothy ha destacado tanto las consecuencias legales del turismo irresponsable como la solidaridad entre las comunidades puertorriqueñas de la isla y el continente.
«Esta acusada será responsabilizada por sus acciones peligrosas que causaron daños significativos y pusieron muchas vidas en riesgo», dijo W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal del Distrito de Puerto Rico. «La Oficina del Fiscal Federal, junto con socios federales, estatales y locales continuará aplicando vigorosamente las leyes federales».
La sentencia de Bertothy será determinada por un juez federal de distrito después de considerar las Guías de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios. Será designada a una instalación del Buró Federal de Prisiones tras la sentencia.
El caso sirve como recordatorio de las serias consecuencias legales que enfrentan los turistas que cometen crímenes en territorios estadounidenses, así como del poder de la solidaridad comunitaria para apoyar a las víctimas de actos criminales.
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