WASHINGTON – Un panel de jueces de apelación escuchó el miércoles un desafío legal presentado por grupos de derechos civiles contra la decisión de la administración Trump de revocar una extensión y terminar las protecciones temporales TPS para casi 1 millón de inmigrantes de Haití y Venezuela.
El desafío proviene de la National TPS Alliance, que representa a inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) cuyo país de origen se considera demasiado peligroso para regresar debido a violencia, guerra, desastres naturales u otra inestabilidad.
Más de 600,000 venezolanos afectados
La audiencia se realizó dos semanas después de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, donde el presidente del país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados y llevados a la Ciudad de Nueva York para enfrentar una acusación formal.
Analistas miran con claridad el motivo de remover a Maduro para forzar a los millones de venezolanos a volver a su patria, aunque las condiciones y amenazas que los exiliaron pudieran aún existir. La Administración Trump ha conducido uno de los operativos anti migratorios y violentos de la historia de Estados Unidos.
A pesar de la agitación en el gobierno venezolano por la operación estadounidense, la administración Trump ha continuado avanzando con la eliminación del TPS para más de 600,000 venezolanos.
Antes de que la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem revocara las protecciones extendidas establecidas por la administración Biden, el TPS para venezolanos estaba programado para expirar en octubre.
Haitianos enfrentan fecha límite inminente
El TPS para aproximadamente 330,000 nacionales de Haití está programado para expirar el 3 de febrero, lo que el panel de jueces reconoció podría hacer que el asunto del TPS para Haití quede sin efecto legal.
Ahilan T. Arulanantham, del Centro de Derecho de Inmigración de UCLA, quien representa a la National TPS Alliance, declaró que hay miembros en los 50 estados que están experimentando daños como resultado de la terminación de su TPS por parte de la administración Trump.
Arulanantham señaló que algunos de esos daños incluyen «personas separadas de sus hijos bebés, familias deportadas, personas detenidas, muchas personas detenidas.»
Panel de jueces del Noveno Circuito
El panel de jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito que escuchó los argumentos orales el miércoles está compuesto por Kim McLane Wardlaw, Salvador Mendoza Jr. y Anthony D. Johnstone.
El expresidente Bill Clinton nombró a Wardlaw, mientras que el expresidente Joe Biden nombró a Mendoza y Johnstone.
Gobierno argumenta apoyo de la Corte Suprema
La abogada del Departamento de Justicia, Sarah Welch, argumentó que debido a que la Corte Suprema ha otorgado dos veces la solicitud de la administración Trump para proceder con la terminación del TPS para venezolanos, el alto tribunal debe haber determinado que la administración Trump probablemente prevalecería en la corte.
Una corte inferior en diciembre determinó que la decisión de Noem de vaciar las protecciones para venezolanos y terminar su designación de TPS era ilegal.
Wardlaw cuestionó cómo la decisión de la Corte Suprema, que se tomó en base de emergencia y no proporcionó razonamiento, impactaba el caso ante el panel.
Welch respondió que la Corte Suprema «debe haber concluido que era probable que tuviéramos éxito en los méritos de ese reclamo, ya sea que proporcionara o no un razonamiento publicado en una opinión.»
Debate sobre autoridad estatutaria
Arulanantham rebatió que las órdenes de la Corte Suprema con respecto al TPS para venezolanos «no son precedente porque la Corte Suprema no las trata como precedente.» Agregó que en el pasado, la Corte Suprema ha revertido sus fallos iniciales, especialmente aquellos tomados en base de emergencia.
También rechazó el argumento de Welch de que Noem tenía la autoridad estatutaria para vaciar una extensión otorgada bajo el TPS para venezolanos.
«El estatuto dice que una vez que has hecho una extensión, dura por el tiempo previo que se indica en el aviso del Registro Federal,» dijo Arulanantham, refiriéndose al estatuto del TPS.
Agregó que la autoridad para vaciar una extensión de TPS que Noem reclamó «no está escrita en ninguna parte del estatuto.»
Impacto humanitario
El caso tiene implicaciones profundas para casi 1 millón de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos bajo la protección del TPS, muchos de ellos durante años.
Los beneficiarios del TPS pueden trabajar legalmente, obtener licencias de conducir y, en muchos casos, han establecido familias y negocios en Estados Unidos. La terminación abrupta de estas protecciones podría forzar a cientos de miles de personas a regresar a países que el gobierno estadounidense previamente determinó eran demasiado peligrosos para retornar.
El panel de jueces no indicó cuándo emitiría su decisión, pero la fecha límite inminente del 3 de febrero para los beneficiarios haitianos del TPS agrega urgencia al caso.
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